El presidente Donald Trump firmó una amplia prohibición de viajes el miércoles, prohibiendo la entrada a Estados Unidos a ciudadanos de 12 países y restringiendo los viajes de otros siete.

La prohibición, que entra en vigor el lunes a las 12:01 a.m., tiempo del Este, se centra principalmente en países de África y Oriente Medio, como Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, con restricciones totales, mientras que impone limitaciones parciales a Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

La Casa Blanca alega motivos de seguridad nacional, alegando que estos países carecen de capacidades adecuadas de control e investigación de antecedentes o tienen altas tasas de permanencia en el país tras el vencimiento de sus visas. 

Afganistán muestra una tasa de permanencia del 29,30% en visas de estudiante, mientras que Chad registró una alarmante tasa del 49,54% en visas de negocios y turismo en 2023. 

El gobierno señaló específicamente que Afganistán, controlado por los talibanes, «carece de una autoridad central competente o cooperativa para la emisión de pasaportes» y calificó a Irán de «Estado patrocinador del terrorismo».

A diferencia de la caótica implementación de 2017, que sorprendió a los viajeros en pleno vuelo, esta prohibición incluye varias excepciones estratégicas diseñadas para resistir los desafíos legales. 

Los titulares de tarjetas de residencia permanente (Green Card), las personas con doble nacionalidad que viajan con pasaportes sin restricciones y los atletas que compiten en la Copa Mundial de 2026 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028 están exentos. 

Disposiciones especiales protegen a los afganos con visas especiales de inmigrante que apoyaron operaciones militares estadounidenses, a las minorías étnicas y religiosas iraníes que huyen de la persecución y a los familiares directos de ciudadanos estadounidenses con relaciones verificadas por ADN.

El momento coincide con un ataque con bombas incendiarias en Boulder, Colorado, aunque irónicamente, el sospechoso egipcio Mohamed Sabry Soliman proviene de un país no incluido en la prohibición. 

Trump hizo referencia a este incidente para justificar las restricciones, afirmando «no las queremos» al referirse a los ciudadanos de los países afectados.

Historias personales ilustran el impacto humano de estas políticas. Ko Min Nwe, una contable birmana de 35 años que ganó la lotería de inmigración estadounidense, expresó su devastación: «Ser ciudadana birmana significa que dondequiera que vayamos, enfrentamos discriminación y ahora, incluso este raro golpe de suerte me lo han robado». 

De igual manera, Ma Mya Thiri Lwin, de 24 años, vio cómo se desmoronaban sus sueños de estudiar informática en Minnesota, lamentando que «incluso Estados Unidos, que se proclama un bastión de los derechos humanos, ha hecho la vista gorda ante personas como nosotros».

Las respuestas de las organizaciones variaron significativamente. Shawn VanDiver, de #AfghanEvac, calificó la inclusión de Afganistán como «una vergüenza moral» que «escupe en la cara de nuestros aliados, nuestros veteranos y todos los valores que decimos defender». 

Por otro lado, el abogado de inmigración Jeff Joseph reconoció los esfuerzos de la administración por evitar problemas legales previos, aunque predijo que las demandas «llegarían de todos modos».

Las reacciones internacionales no se hicieron esperar, y el embajador de Somalia, Dahir Hassan Abdi, se comprometió a «entablar un diálogo para abordar las preocupaciones planteadas». 

La administración estableció mecanismos de revisión que exigen al Secretario de Estado evaluar las restricciones cada 90 días y potencialmente modificarlas o eliminarlas en función de las mejoras de los países en sus procedimientos de revisión.

Esta última prohibición de viaje representa un enfoque legalmente más sofisticado que las políticas de Trump durante su primer mandato, incorporando lecciones aprendidas durante años de batallas judiciales. 

La aprobación de una versión anterior por parte de la Corte Suprema en 2018 sienta precedente, aunque críticos como Abby Maxman, de Oxfam América, argumentan que esta «política no se trata de seguridad nacional, sino de sembrar la división y vilipendiar a las comunidades que buscan seguridad y oportunidades». 

Con la entrada en vigor de la prohibición, se cierran las puertas de Estados Unidos a millones de personas provenientes de países empobrecidos y devastados por la guerra, a la vez que se reavivan los debates sobre inmigración, seguridad nacional y el papel de Estados Unidos como refugio para las poblaciones vulnerables del mundo.