El presidente de Paraguay, Santiago Peña, se juega este viernes su permanencia en el cargo ante el Senado, convertido en tribunal, y lo hace en medio de la crisis institucional más grave de la reciente historia del país.
El detonante no fue una disputa partidaria ni un escándalo menor, sino el colapso de Ueno Bank, la principal entidad financiera digital paraguaya, cuyos ahorros congelados pertenecen a millones de ciudadanos.
En apenas una semana, la caída del banco arrastró al mandatario a un juicio político de destitución, a tres investigaciones penales abiertas por la Fiscalía General y a una fractura abierta en su propio partido, el Colorado, que hasta hace días lo sostenía.
La secuencia tiene pocos precedentes en la región: un banco que llegó a contar entre sus clientes a dos de cada tres adultos del país se desplomó por la vía de una auditoría, y su hundimiento dejó al descubierto una trama de vínculos entre la entidad, los fondos públicos y el propio jefe de Estado.
Lo que ocurra en las próximas horas en Asunción definirá si Peña pierde el cargo y la inmunidad, o si el vicepresidente Pedro Alliana asume el poder en medio de la tormenta, según el seguimiento que de la crisis hace El Nuevo Día.
UNA SEMANA QUE LO CAMBIÓ TODO
El desplome se precipitó el lunes, cuando una auditoría sobre los créditos de Ueno Bank reveló documentación deficiente y gastos contabilizados de forma irregular como activos.
Al corregir los balances, el índice de solvencia de la entidad cayó a menos del 50% del capital mínimo requerido por la ley: el banco, sencillamente, ya no cubría ni la mitad de lo que la normativa exige para operar.
El martes, el Banco Central del Paraguay dispuso la intervención de la entidad y el inicio del proceso de resolución para transferir los activos recuperables.
La suspensión inmediata de la aplicación móvil, de las tarjetas y de las sucursales provocó el miércoles largas filas de ahorristas y fallas técnicas en otros bancos del país, una señal temprana de que el pánico podía extenderse al resto del sistema financiero.
Para contenerlo, el Congreso sancionó el miércoles una ley de emergencia que ordena al fondo estatal de garantía reembolsar los depósitos en un plazo de cinco días hábiles.
El mecanismo cubre hasta 36.000 dólares por cliente, lo que alcanza al 97% de los usuarios, y comenzó a pagarse este jueves para las cuentas de hasta 1.600 dólares.
La medida protege al pequeño ahorrista; no resuelve, sin embargo, la pregunta de fondo sobre cómo el banco llegó hasta allí ni quién debió impedirlo.
EL BANCO QUE CRECIÓ A LA SOMBRA DEL PODER
El caso Ueno Bank tiene su origen en una expansión acelerada. La entidad obtuvo su licencia bancaria en 2023 y en pocos años superó las 70 sucursales, hasta registrar como clientes a cerca de tres millones de personas, dos de cada tres adultos paraguayos.
Su crecimiento, sin embargo, no ocurrió en un vacío institucional ni lejos de los despachos oficiales.
El libelo acusatorio aprobado por la Cámara de Diputados señala un presunto conflicto de intereses derivado de la participación accionaria que Peña mantuvo en Ueno Holding, el grupo controlante del banco, hasta marzo de 2025.
A ello se suma una decisión de enorme peso simbólico y práctico: tras asumir la presidencia, el mandatario nombró a Carlos Carvallo, expresidente de Financiera Ueno, como titular del Banco Central, es decir, al frente del organismo encargado de supervisar al propio banco.
Bajo la administración de Peña, además, los depósitos de instituciones estatales en la entidad ascendieron a unos 850 millones de dólares a septiembre de este año.
De ese monto, cerca de 380 millones correspondían a fondos jubilatorios y de salud del Instituto de Previsión Social (IPS), lo que convierte el colapso en un problema que trasciende a los clientes privados: están en juego las pensiones y la salud de buena parte de los paraguayos.
LAS ALERTAS QUE NADIE ATENDIÓ
La controversia sobre la supervisión no nace esta semana. En junio pasado, inspectores del Banco Central detectaron un patrón de préstamos de alto riesgo otorgados a empresas vinculadas con los propietarios de la entidad. Esas operaciones superaban los límites legales y carecían de garantías suficientes para cubrir eventuales impagos.
Que esas advertencias no derivaran en una corrección a tiempo es hoy uno de los núcleos de la disputa política y judicial.
Los acusadores ven en la secuencia una cadena de omisiones difícil de separar de los vínculos entre el banco y el poder; el oficialismo, por su parte, deberá explicar ante el Senado por qué la entidad siguió captando fondos públicos mientras su cartera se deterioraba.
La discusión, en el fondo, es sobre la captura del regulador: cuando quien supervisa proviene de la entidad supervisada, la frontera entre el Estado y el negocio se vuelve porosa.
LA RENUNCIA QUE NO FUE
El capítulo político se precipitó este jueves. El expresidente y titular de la Asociación Nacional Republicana, Horacio Cartes, retiró su respaldo al mandatario y anunció el acompañamiento de su partido al juicio político, fracturando el apoyo oficialista que sostenía a Peña.
Al mediodía, el presidente publicó un video en la red social X anunciando su renuncia y envió la nota formal al Congreso cerca de las 13:30, por intermedio del ministro del Interior, Enrique Riera.
La dimisión, sin embargo, no prosperó. Minutos más tarde, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 78 votos a favor y ninguno en contra, el libelo acusatorio para iniciar el juicio político bajo el artículo 225 de la Constitución.
Y la sesión bicameral convocada para tratar la renuncia fracasó cuando los diputados colorados abandonaron el recinto y dejaron la votación sin quórum. En una segunda sesión extraordinaria, los diputados desestimaron el pedido de juicio político contra el vicepresidente Alliana, que se perfila así en la línea de sucesión.
La reconstrucción de esa jornada vertiginosa puede seguirse en la crónica de la crisis paraguaya publicada por Infobae.
Ante el bloqueo de la dimisión, el presidente del Senado, Basilio Núñez, constituyó a la Cámara Alta en tribunal juzgador durante la noche del jueves. Para destituir a Peña se requieren 30 de los 45 votos senatoriales, un resultado que además le impediría asumir como senador vitalicio y le retiraría los fueros parlamentarios.
EL FRENTE PENAL Y LA CALLE
En paralelo al juicio político, el fiscal general, Emiliano Rolón Fernández, ordenó tres investigaciones penales que involucran a Peña y a otros funcionarios.
Las pesquisas indagan la supervisión estatal sobre la entidad, el manejo de su insolvencia y la colocación de fondos públicos en el banco, de acuerdo con la cobertura de PBS NewsHour sobre el avance de la causa.
La Fiscalía formuló cargos contra 27 directivos y asociados del banco por presunta lesión de confianza y tentativa de estafa.
Un juez dictó prisión preventiva para seis altos ejecutivos —entre ellos el presidente de Ueno Bank, Juan Manuel Gustale, y el fundador de la entidad y socio comercial de Peña, Federico Miguel Vázquez— y arresto domiciliario para otros dos.
Todos los cargos, conviene subrayarlo, revisten por ahora carácter presunto y deberán probarse en el proceso correspondiente.
Mientras tanto, la crisis se expresa también en la calle. El Ministerio de Trabajo calcula que el cierre compromete unos 7.000 empleos directos e indirectos, y cientos de trabajadores y ahorristas mantienen vigilias frente al Congreso en Asunción, entre la incertidumbre por sus puestos de trabajo y por sus depósitos.
LO QUE SE DECIDE ESTE VIERNES
Peña anunció que comparecerá este viernes ante el Senado para ejercer su defensa constitucional.
Sobre la mesa hay dos desenlaces inmediatos: si el tribunal reúne los 30 votos, el presidente será destituido, perderá su inmunidad y Alliana deberá asumir; si no, un mandatario debilitado, sin el respaldo pleno de su partido y con tres investigaciones penales abiertas, intentará completar su gestión bajo una sospecha que no se disipará pronto.
Más allá del veredicto, el caso Ueno Bank deja una lección que trasciende a Paraguay: cuando un banco crece al amparo de fondos públicos y de reguladores surgidos de su propia órbita, su caída nunca es solo financiera. Es, como se está viendo en Asunción, una crisis del Estado entero.
