Pago por silencio: lecciones de la batalla legal contra Donald Trump en Nueva York

El caso de «dinero secreto» que involucra al expresidente Donald Trump se centró en acusaciones de que intentó ocultar un pago de US$130.000 realizado a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels durante las últimas etapas de las elecciones presidenciales de 2016. 

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan inició una investigación, dirigida por el fiscal de distrito Alvin Bragg. El caso se desarrolló en la Corte Suprema de Nueva York, presidida por el juez Juan Merchan.

A medida que la campaña presidencial de Trump de 2016 ganaba impulso, Daniels intentó vender su historia sobre un supuesto romance con Trump a varias publicaciones, incluido el National Enquirer. 

El National Enquirer, en un esfuerzo por proteger la campaña de Trump, optó por emplear una táctica de «atrapar y eliminar». 

Negociaron un acuerdo de confidencialidad de 130.000 dólares entre Daniels y el abogado personal de Trump, Michael Cohen. 

Cohen, que enfrentaba limitaciones de tiempo a medida que se acercaban las elecciones, retrasó los pagos a Daniels. 

En octubre de 2016, Keith Davidson, el abogado de Daniels en ese momento, rescindió el acuerdo.

En 2018, el Wall Street Journal reveló que Cohen había orquestado el pago a Daniels para que guardara silencio. Trump negó tener conocimiento del pago. 

Sin embargo, en una declaración financiera posterior, Trump admitió haberle reembolsado a Cohen el dinero para que guardara silencio. 

Trump sostuvo que no había hecho nada malo y calificó el caso como un «engaño» motivado políticamente por los demócratas.

Después de las elecciones de 2021 para fiscal de distrito del condado de Nueva York, Alvin Bragg reemplazó a Cyrus Vance Jr. y trató de revivir el caso. 

En enero de 2023 se formó un gran jurado para examinar las pruebas relacionadas con la participación de Trump en el pago a Daniels. 

Cohen, que cooperó con la investigación, se reunió extensamente con la oficina del fiscal del distrito y brindó testimonio al gran jurado. 

Otros testigos clave fueron Kellyanne Conway, Hope Hicks, el exeditor del National Enquirer David Pecker y la propia Daniels.

En marzo de 2023, se conoció la noticia de que el gran jurado había votado a favor de acusar a Trump, lo que lo convirtió en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentarse a cargos penales. La acusación incluía 34 cargos de falsificación de registros comerciales en primer grado.

Los fiscales argumentaron que Trump había influido ilegalmente en las elecciones presidenciales al conspirar con asociados para suprimir información de los votantes. 

Señalaron posibles infracciones, incluida la promoción ilegal de una candidatura, pagos que excedían los límites de contribución a las campañas federales y la operación ilegal de captura y muerte orquestada con American Media, Inc. (AMI), empresa matriz del National Enquirer.

Trump, en respuesta a la acusación, convocó a protestas y empleó una estrategia de atacar y retrasar los procedimientos legales. Intentó trasladar el caso a un tribunal federal y solicitó la recusación del juez Merchan. 

Estos esfuerzos resultaron infructuosos. Los abogados de Trump sostuvieron que él no tenía conocimiento de ningún plan ilegal llevado a cabo por sus asociados para promover su campaña. 

En una declaración posterior, Trump afirmó que se le impidió emplear la defensa del «asesoramiento de un abogado», alegando que habría sido su argumento más sólido.

El juicio comenzó el 15 de abril de 2024. El juez Merchan impuso una orden de silencio a Trump, limitando sus declaraciones públicas sobre las personas involucradas en el caso. 

Esta orden de silencio se amplió después de que Trump hiciera comentarios despectivos sobre la hija del juez en las redes sociales. 

Trump violó repetidamente la orden de silencio, lo que llevó a múltiples citaciones por desacato y multas.

El juicio contó con testimonios convincentes de varias figuras claves, entre ellas David Pecker, Keith Davidson, Hope Hicks, Stormy Daniels y Michael Cohen. 

El testimonio de Pecker reveló la práctica del National Enquirer de suprimir historias negativas sobre Trump, a instancias suyas. 

Cohen, considerado el testigo estrella de la fiscalía, testificó que había trabajado para ocultar el plan de dinero secreto bajo la dirección de Trump, con la intención de ayudarlo a ganar la presidencia.

El 30 de mayo de 2024, el jurado declaró a Trump culpable de los 34 cargos de falsificación de registros comerciales. 

Tras el veredicto, Trump criticó el proceso legal y al juez. También afirmó que el jurado estaba predispuesto en su contra.

El juicio, con sus dramáticos giros y vueltas, captó la atención del público y desató un intenso debate sobre las acciones de Trump y las implicaciones para su futuro político.

La sentencia de Trump tuvo lugar el 10 de enero de 2025 en el edificio de los Tribunales Penales de Manhattan. 

Recibió una sentencia de absolución incondicional, lo que significa que no enfrenta más sanciones legales.

Si bien Trump recibió una liberación incondicional, lo que significa que no se le impuso multa, libertad condicional ni tiempo en prisión, la condena por delito grave tuvo varias consecuencias prohibitivas.

Trump tuvo que entregar sus armas de fuego al Departamento de Policía de Nueva York. La ley estatal y federal de Nueva York prohíbe a los delincuentes poseer armas de fuego. 

El permiso de portación oculta de armas de Trump en Nueva York fue suspendido y, a partir de junio de 2024, se esperaba que fuera revocado.  Además, Trump podría perder sus licencias para vender bebidas alcohólicas en Nueva Jersey.

La ley de Nueva Jersey prohíbe que se expidan licencias para vender bebidas alcohólicas a personas condenadas por delitos que impliquen «depravación moral», lo que incluye deshonestidad, fraude o depravación. 

Este caso ha tenido importantes repercusiones políticas y legales. Planteó preocupaciones sobre el papel del dinero en la política y la posibilidad de que individuos poderosos manipulen las elecciones. 

El caso también destacó la vulnerabilidad del sistema legal a los intentos de interferencia y la importancia de defender el estado de derecho.

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