El genocidio en Myanmar ya tiene sentencia. La Corte Internacional de Justicia declaró este jueves a Myanmar responsable de cometer genocidio contra la minoría musulmana rohinyá, en el primer fallo de su historia que atribuye este crimen a un Estado.
La decisión fue aprobada por 9 votos a favor y 6 en contra en el panel de 15 jueces reunido en La Haya. El presidente del tribunal, Yuji Iwasawa, leyó la sentencia sobre las operaciones militares de 2017 en el norte del estado de Rakhine.
El tribunal rechazó el argumento central de la defensa de Myanmar. El gobierno sostenía que su campaña fue una operación legítima contra insurgentes, pero los jueces concluyeron que la escala y los métodos empleados excedieron cualquier necesidad militar.
LAS PRUEBAS DEL GENOCIDIO EN MYANMAR
Según el fallo, las fuerzas de seguridad de Myanmar asesinaron al menos a 10.000 civiles rohinyás. La Corte confirmó además actos generalizados de violencia sexual y violencia extrema contra niños durante la ofensiva.
También quedaron acreditados los ataques contra miles de personas que huían hacia Bangladés. Para los jueces, ese patrón demuestra la intención específica de destruir una parte sustancial de la población rohinyá, el elemento que define el crimen de genocidio.
Con esa conclusión, el tribunal declaró violada la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Es el tratado que Myanmar, como Estado parte, estaba obligado a respetar.
La sentencia documentó además la destrucción de aldeas y tierras de cultivo de la minoría. En varios de esos terrenos se levantaron bases militares y se promovió el reasentamiento de otros grupos étnicos, y la evidencia fue destruida en al menos cinco aldeas durante 2020 y 2021.
UN CASO QUE LLEGÓ DESDE GAMBIA
El proceso fue iniciado en 2019 por Gambia, un país sin frontera ni vínculo directo con Myanmar. Su demanda abrió el camino para que el máximo tribunal de la ONU examinara la suerte de los rohinyás.
El caso contó con la intervención formal de 11 Estados adicionales, entre ellos Canadá, Francia, Alemania y el Reino Unido. Esa amplitud de apoyos convirtió el litigio en una prueba para todo el sistema de justicia internacional.
LO QUE LA CORTE ORDENÓ A MYANMAR
La sentencia es definitiva y jurídicamente vinculante. Por 13 votos contra 2, los magistrados ordenaron a Myanmar investigar de inmediato a los sospechosos de las atrocidades de 2017 y procesar penalmente a los responsables.
El tribunal dispuso también facilitar el retorno seguro y voluntario de los refugiados. Más de 1.000.000 de rohinyás permanecen hoy en campamentos de Bangladés, en condiciones humanitarias precarias.
El fallo exige restituir las propiedades destruidas, facilitar la búsqueda de personas desaparecidas y otorgar compensaciones económicas por los daños. Myanmar deberá presentar en un plazo de 2 años un informe detallando las medidas de restitución y compensación aplicadas.
UN PRECEDENTE PARA OTROS CONFLICTOS
Organizaciones como Amnistía Internacional y expertos de la ONU celebraron la resolución como un paso fundamental para romper el ciclo de impunidad en la región. El genocidio en Myanmar queda así nombrado por su verdadero nombre ante el derecho internacional.
Analistas en derecho internacional subrayan que el precedente sienta bases clave para otros litigios abiertos ante la misma Corte. Entre ellos destacan las demandas por presuntas violaciones a la misma convención en los conflictos de Gaza y Ucrania.
La cobertura completa está en The Guardian y en PBS News, junto al análisis del Council on Foreign Relations.

