La jueza Kenya Romero dictó el lunes 18 meses de prisión preventiva en contra de los principales implicados en el caso Coral, la acción contra la corrupción administrativa más reciente de la Justicia en República Dominicana.
Romero envió a la cárcel de Najayo al Mayor General Adán Cáceres, el coronel Rafael Núñez de Aza, la pastora Rossy Guzmán, el sargento Alejandro José Montero Cruz y Tanner Flete Guzmán.
Según el expediente del Ministerio Público, el mayor general Adán Cáceres Silvestre, quien dirigió durante varios años el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), en el que supuestamente se instaló la red de corrupción que sustraía fondos a través de las nóminas oficiales y que luego se extendió a entidades como el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
El mayor general Adán Cáceres Silvestre, era jefe de escolta del expresidente Danilo Medina.
También está imputada Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), quien se valió de sus actividades religiosas para desarrollar actividades ilícitas que afectaron al Estado y a los fondos de los contribuyentes.
Posteriormente estos fondos eran dedicados al lavado de activos con la compra de inmuebles y otras propiedades de lujo. Según el Ministerio Público, las cifras de las actividades ilícitas ascienden a un total de RD$3,000 millones.
El Ministerio Público acusó a los imputados de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, entre otros delitos.
También acusan de testaferros, prestanombres y coimputados de corrupción al cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de Rossy; el coronel Rafael Núñez de Aza, el sargento Alejandro José Montero Cruz y el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez.
El mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez recibió prisión domiciliaria confidencial, como había solicitado el Ministerio Público, en virtud de sus aportes al Ministerio Público durante la audiencia como testigo clave. Girón develó datos comprometedores, que no había dado en el interrogatorio del Ministerio Público.
Wilson Camamcho, titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), advirtió que todo el que utilice indebidamente el dinero del erario, deberá sentarse en el banquillo de los acusados.
