Elecciones legislativas: victoria demócrata y litigios

Las elecciones de mitad de mandato celebradas este martes devolvieron al Partido Demócrata el control de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos, según las proyecciones de los medios consultados. La derrota republicana es el hecho central de la semana política estadounidense.

Pero en torno a ese desenlace ha empezado a circular una segunda afirmación que conviene examinar con más cuidado: la de que Donald Trump abandonó todos sus intentos de cuestionar los resultados. La información disponible hasta ahora no respalda esa lectura de forma completa.

Las disputas no se cerraron la noche electoral; simplemente cambiaron de escenario.

El origen de esa versión es un artículo publicado este jueves por AlterNet con un título elocuente, «The real reason Trump stopped fighting on Tuesday» («La verdadera razón por la que Trump dejó de luchar el martes»).

El texto combina resultados electorales, afirmaciones de su autor y la evaluación de dos abogados de la organización Democracy Defenders Fund, Beauregard Patterson y Jacki Anderson.

Separar esas tres capas —lo que ocurrió, lo que se afirma y lo que se opina— es imprescindible para entender qué está verificado y qué no lo está.

UNA VICTORIA CLARA, UN RELATO INCOMPLETO

Que los demócratas ganaron el Congreso es un hecho respaldado por las proyecciones periodísticas. Que el presidente renunció a disputar el resultado es, en cambio, una conclusión demasiado categórica.

El propio desarrollo de los días posteriores a la votación ofrece ejemplos concretos de litigios abiertos y de intervenciones públicas del mandatario en contiendas aún sin resolver.

La formulación más sólida distingue entre el desenlace político, que ya se conoce, y los procedimientos pendientes, que continúan su curso en los tribunales y en las administraciones electorales de los estados.

En nuestro análisis del resultado nacional de las elecciones de mitad de mandato ya se recogía la magnitud del vuelco: los republicanos perdieron el control legislativo tras dos años de gobierno con mayorías propias. Lo que ese resultado no hace, por sí solo, es clausurar las controversias.

Una victoria amplia no vuelve jurídicamente imposible presentar impugnaciones, y la práctica de estos días lo está demostrando.

ALASKA, EL FRENTE QUE SIGUE ABIERTO

El ejemplo más nítido procede de Alaska. Antes incluso de la jornada electoral, el Departamento de Justicia presentó una demanda para impedir la certificación de la elección senatorial de ese estado en caso de que el republicano Dan Sullivan resultara perdedor.

Un juez desestimó el caso por razones procesales, pero el departamento apeló la decisión, de modo que el litigio seguía vivo después de la votación.

La controversia se complicó por la presencia en la papeleta de Daniel J. Sullivan, un profesor jubilado cuyo nombre guarda un parecido evidente con el del senador.

En torno a su candidatura circularon acusaciones según las cuales operadores vinculados a la campaña de la demócrata Mary Peltola habrían ayudado a reclutarlo para confundir al electorado.

Esa acusación no es un hecho probado: la campaña de Peltola la negó expresamente, y la verificación disponible no permite presentarla de otro modo que como lo que es, una afirmación en disputa.

Este jueves, el propio Trump intervino públicamente en la contienda. En un mensaje en Truth Social pidió que los votos obtenidos por ese candidato homónimo y por el republicano Gerald Heikes fueran adjudicados al senador Sullivan.

Difícilmente puede sostenerse que un presidente que solicita la reasignación de votos en una elección concreta ha abandonado toda disputa sobre los resultados.

EL VOTO POR ORDEN DE PREFERENCIA NO OBEDECE A PETICIONES

La petición presidencial, además, no se corresponde con el procedimiento que Alaska aplica en sus elecciones.

Ese estado utiliza el voto por orden de preferencia: cuando ningún candidato supera el 50 por ciento de las primeras preferencias, se elimina al menos votado y sus votos se redistribuyen conforme a las siguientes preferencias expresadas por los propios electores en su papeleta.

No se trata de entregar votos por decisión de una autoridad ni a solicitud de la Casa Blanca, como puede seguirse en el seguimiento de resultados y litigios electorales de CBS News, que describe el mecanismo y el estado de la contienda.

La redistribución depende, por tanto, de lo que cada votante marcó como segunda o tercera opción, no de la voluntad del candidato beneficiado ni de la presión pública que pueda ejercerse sobre el proceso. Esa distancia entre la declaración política y el procedimiento legal es uno de los rasgos definitorios de esta disputa.

LO QUE DICEN LAS CIFRAS Y LO QUE TODAVÍA NO DICEN

En la madrugada de este viernes, la actualización de CBS News situaba a los demócratas con al menos 54 escaños en el Senado, una cifra suficiente para garantizarles el control de la cámara alta. Las elecciones de Alaska y Mississippi permanecían, sin embargo, sin una proyección de ganador.

Para la Cámara de Representantes, el mismo medio estimaba aproximadamente 256 escaños demócratas, con una advertencia importante: esa estimación incluía carreras para las que todavía no había proyectado un vencedor. No corresponde, por tanto, presentar los 256 escaños como un recuento final.

Conviene no confundir tampoco las fotografías de distintos momentos del escrutinio. El artículo original de AlterNet manejaba una imagen anterior: 231 escaños demócratas frente a 153 republicanos en la Cámara, con más de 50 contiendas pendientes, y un rango de entre 52 y 54 escaños demócratas en el Senado.

Son datos del momento de su redacción, útiles para reconstruir la noche electoral, pero no constituyen el balance más reciente. Las proyecciones respaldan el control demócrata del Congreso; no equivalen todavía a una certificación oficial nacional.

EL DINERO DE MUSK NO ALCANZÓ

La derrota republicana tuvo también una dimensión financiera difícil de ignorar. Según informó Associated Press en su balance del gasto de Elon Musk en estas elecciones, el empresario destinó al menos 445 millones de dólares al esfuerzo por mantener el control republicano del Congreso.

La precisión «al menos» es relevante: se trata de un mínimo documentado, no necesariamente del total definitivo del ciclo.

La cobertura de NPR sobre las aportaciones de Musk a la campaña republicana apuntó en la misma dirección, con aportaciones superiores a esa cifra dirigidas a candidatos republicanos, comités de acción política y organizaciones externas, a partir de registros federales de financiación electoral analizados por OpenSecrets.

Ahora bien, esos reportes demuestran la magnitud del apoyo económico, pero no establecen que Trump ordenara personalmente cada desembolso, ni permiten calcular cuántos votos produjo ese dinero.

Y la derrota de los candidatos apoyados tampoco demuestra que el gasto careciera de cualquier efecto electoral: simplemente, no bastó para cambiar el resultado.

LOS TRIBUNALES COMO ÚLTIMO CAMPO DE BATALLA

La intervención judicial no se detuvo con el cierre de las urnas. CBS News informó de una orden temporal del juez federal Jamal Whitehead que impedía al Departamento de Justicia exigir a los trabajadores electorales del estado de Washington que rechazaran determinadas papeletas de personas sospechosas de no ser ciudadanas.

La orden también bloqueaba la posibilidad de amenazar a esos trabajadores con procesos penales si no cumplían tales exigencias. Según la cobertura, las autoridades estatales habían advertido que la lista federal incluía a ciudadanos estadounidenses e incluso a personas que ni siquiera estaban registradas para votar en ese estado.

En la entrevista de AlterNet, Patterson y Anderson ofrecieron su explicación de por qué las instituciones resistieron esas presiones. Atribuyeron la resistencia a una combinación de decisiones judiciales, de la administración estatal de las elecciones y de la preparación de funcionarios y organizaciones civiles.

Es su evaluación —la de dos abogados de una organización dedicada a la defensa electoral— y debe presentarse como tal: no es una conclusión judicial sobre el conjunto de la elección, ni una explicación verificada de las motivaciones del presidente.

LO QUE VIENE AHORA

El panorama que dejan estos días es doble. En el plano político, el vuelco está consumado: los demócratas controlarán ambas cámaras y los republicanos han perdido el control legislativo.

En el plano jurídico, en cambio, el proceso sigue abierto, con la apelación de Alaska en curso, dos elecciones senatoriales pendientes de proyección y decisiones judiciales que delimitan lo que el Gobierno federal puede exigir a los estados en materia electoral.

La evolución inmediata dependerá de cómo se resuelvan esos frentes. Si los tribunales mantienen el criterio mostrado hasta ahora, las impugnaciones tendrán recorrido limitado, pero eso no las convierte en inexistentes.

La conclusión verificable, por el momento, es más estrecha y más precisa que el titular de la renuncia: los republicanos perdieron el Congreso, el presidente no ha dejado de intervenir en las disputas que quedan y las instituciones encargadas de arbitrarlas continúan trabajando.

Todo lo demás —empezando por las razones íntimas de Trump— pertenece al terreno del análisis atribuido, no al de los hechos establecidos.

Musa Meta

Musa Meta

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