Una sombra de malestar cayó sobre Bolivia el miércoles pasado, cuando se desarrolló un intento de golpe descarado, aunque finalmente inútil, en el corazón de La Paz. 

Orquestado por el ahora detenido general Juan José Zúñiga, el incidente vio vehículos blindados irrumpir en la Plaza Murillo y estrellarse contra las puertas del palacio presidencial en un espectáculo que conmocionó a la nación.

Zúñiga, recientemente destituido de su cargo como jefe del ejército por el presidente Luis Arce, se dirigió al público flanqueado por soldados y afirmó que el ejército buscaba «restaurar la democracia» y liberar a los «presos políticos». 

Criticó la forma en que el gobierno manejó las terribles dificultades económicas de Bolivia, haciéndose eco de las frustraciones de muchos ciudadanos.

El trasfondo económico de este intento de toma de poder es crucial. 

La economía de Bolivia, alguna vez elogiada por su impresionante crecimiento bajo el gobierno de Evo Morales, se ha visto paralizada por la disminución de las reservas de gas, la escasez de dólares y una inflación vertiginosa. 

Estos factores han alimentado el descontento público y han proporcionado un terreno fértil para los llamamientos de Zúñiga a la ira popular.

Arce, por su parte, enfrentó el intento de golpe con desafío.   Inmediatamente denunció los hechos como un «golpe de Estado» y reunió a sus seguidores, instándolos a defender la democracia. 

Se enfrentó directamente a Zúñiga, le ordenó que dimitiera y luego tomó juramento a un nuevo jefe del ejército, José Wilson Sánchez.

La comunidad internacional condenó rápidamente el intento de golpe y apoyó a Arce y la preservación de los procesos democráticos. 

Desde la Casa Blanca hasta la Unión Europea, los líderes expresaron su rechazo a la acción militar y reafirmaron su compromiso de defender el orden constitucional de Bolivia.

Curiosamente, incluso los rivales políticos de Arce, incluido el ex presidente Evo Morales, denunciaron el intento de golpe. 

Esto, sin embargo, no logró calmar las sospechas y especulaciones que giraban en torno al evento. 

¿Se trató de una auténtica toma de poder o de un espectáculo diseñado para reforzar la decadente popularidad de Arce?

Echando más leña al fuego, Zúñiga afirmó que el propio Arce había ordenado la maniobra militar como una artimaña para reforzar su imagen pública. 

Arce negó con vehemencia estas acusaciones, calificándolas de «mentiras» e insistiendo en que nunca buscaría «la popularidad a través de la sangre del pueblo».

Independientemente de su verdadera naturaleza, el breve intento de golpe ha dejado al descubierto las profundas fisuras que atraviesan la sociedad boliviana. 

Años de maniobras políticas, una grave crisis económica y una lucha de poder entre Arce y Morales han creado un clima de incertidumbre y desconfianza.

El incidente también ha planteado dudas sobre la perspicacia política de Arce.   Los críticos argumentan que su manejo de la economía ha sido inadecuado, envalentonando aún más a quienes buscan capitalizar los problemas de la nación. 

Incluso si el intento de golpe fue realmente orquestado solo por Zúñiga, sirve como una cruda advertencia de la fragilidad de la democracia boliviana.  De cara al futuro, Bolivia enfrenta un futuro precario. 

El arresto de Zúñiga y la rápida condena de la comunidad internacional harán poco para resolver los problemas subyacentes que aquejan a la nación. 

A menos que Arce pueda abordar la crisis económica y salvar el abismo político que se ha abierto dentro del país, la posibilidad de que se produzcan más disturbios sigue siendo demasiado real.