Un tribunal de Arabia Saudita encarceló el lunes a ocho personas por entre 7 y 20 años por el asesinato en 2018 del periodista saudí Jamal Khashoggi, informaron medios estatales.

El juicio fue criticado por un funcionario de la ONU y activistas de derechos humanos que dijeron que los autores intelectuales del asesinato permanecen libres.

Khashoggi, un crítico del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, fue visto por última vez en el consulado saudí en Estambul el 2 de octubre de 2018, donde había ido a obtener documentos para su boda. 

Según los informes, su cuerpo fue desmembrado y retirado del edificio y no se han encontrado sus restos.

El asesinato provocó una conmoción mundial y empañó la imagen reformista del príncipe Mohammed, el gobernante de facto del reino e hijo del rey Salman.

Los medios estatales informaron que cinco personas fueron condenadas a 20 años de prisión, una persona fue condenada a 10 años y dos personas recibieron sentencias de siete años por el asesinato.

Ninguno de los acusados ​​fue nombrado.

Después del fallo, la prometida de Khashoggi dijo que los ocho encarcelados no eran los únicos responsables del asesinato.

«Las autoridades saudíes están cerrando el caso sin que el mundo sepa la verdad sobre quién es el responsable del asesinato de Jamal», escribió Hatice Cengiz en un comunicado. «¿Quién lo planeó, quién lo ordenó, dónde está su cuerpo?»

En diciembre, el tribunal condenó a muerte a cinco personas y a tres a la cárcel, diciendo que el asesinato no fue premeditado, sino que se llevó a cabo «de improviso».

Algunos gobiernos occidentales, así como la CIA, habían dicho anteriormente que creían que el príncipe Mohammed había ordenado el asesinato.

Los funcionarios sauditas negaron las acusaciones.

En mayo, la familia del periodista asesinado dijo que perdonaba a sus asesinos, allanando el camino para un indulto para los cinco acusados ​​condenados a muerte.

En Arabia Saudita, que carece de un sistema legal codificado y sigue la ley islámica, el perdón de la familia de la víctima en tales casos puede permitir un indulto formal y una suspensión de la ejecución.