Un trágico deslizamiento de tierra ocurrido el lunes 19 de octubre de 2026 ha dejado un saldo preliminar de 14 personas fallecidas (entre ellas 12 mujeres) y al menos siete heridos en una mina de oro ilegal en el suroeste de Colombia.
El desastre tuvo lugar en una explotación de oro no autorizada en el sector rural de Chambero, perteneciente al municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, en el departamento de Nariño.
Las autoridades locales y los equipos de gestión del riesgo desplegaron operaciones de emergencia inmediatas.
Sin embargo, las labores de rescate se han visto severamente afectadas debido a que el siniestro ocurrió en una zona de difícil acceso y con fuerte presencia de grupos armados ilegales.
LOS DETALLES DEL COLAPSO EN SANTA BÁRBARA DE ISCUANDÉ
El derrumbe se produjo en una zona caracterizada históricamente por la explotación tradicional de oro.
Según reportes de la gobernación de Nariño obtenidos por agencias como The Associated Press y Reuters, la mina operaba de forma clandestina y sin los permisos legales ni las medidas de seguridad básicas exigidas por la ley.
La alta concentración de mujeres entre las víctimas fatales (12 de los 14 fallecidos) resalta una realidad socioeconómica profunda en la región, donde cientos de familias dependen directamente del «barequeo» o la recolección informal de sedimentos auríferos en condiciones de extrema vulnerabilidad.
EL TRASFONDO: MINERÍA ILEGAL Y CONFLICTO ARMADO
Esta tragedia vuelve a poner sobre la mesa la crisis de orden público y control territorial en la frontera entre Colombia y Ecuador.
La minería ilegal de oro se ha consolidado como una de las principales fuentes de financiamiento de organizaciones criminales en el departamento de Nariño.
La falta de regulación, sumada al incremento global de los precios del oro, empuja a los trabajadores locales a laborar en excavaciones improvisadas y altamente inestables.
Este es el segundo accidente de gran magnitud en la región en lo que va del semestre, tras un colapso similar registrado en agosto que costó la vida a otras 13 personas.
El gobierno departamental e instituciones de rescate continúan monitoreando el área ante el temor latente de que aún existan trabajadores atrapados bajo la tierra.
