La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó el lunes las apelaciones de Luisiana y Kansas que intentan poner fin a su financiamiento público a Planned Parenthood a través del programa de Medicaid.
Planned Parenthood es el proveedor de servicios de salud y aborto para mujeres de bajos ingresos.
Brett Kavanaugh, designado por el presidente Donald Trump, está entre los jueces que rechazaron los estados.
Los jueces dejaron intactos los fallos de los tribunales de primera instancia que impidieron que Louisiana y Kansas le quitaran a los afiliados locales de Planned Parenthood los fondos de asistencia médica del gobierno.
Tres jueces conservadores, Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch, disintieron de la decisión de los nueve miembros del tribunal de mayoría conservadora, diciendo que debería haber escuchado las apelaciones de los estados.
Al menos cuatro jueces deben votar para otorgar una revisión para que el tribunal oiga una apelación.
Junto con los cuatro jueces liberales, Kavanaugh y el presidente del Tribunal, John Roberts, los otros dos jueces conservadores de la corte, se opusieron a abordar el asunto.
Las afiliadas de Planned Parenthood en Louisiana no realizan abortos, pero algunas en Kansas sí lo hacen.
Medicaid, el programa estatal y federal de seguro de salud para estadounidenses de bajos ingresos, paga los abortos sólo en circunstancias limitadas, como cuando la vida de una mujer está en peligro.
Marcó el primer voto conocido de Kavanaugh en un caso desde que se unió a la corte en octubre después de una feroz pelea de confirmación en el Senado. Kavanaugh fue nombrado por Trump para reemplazar al juez retirado Anthony Kennedy, un conservador que a veces se puso del lado de los liberales de la corte en temas sociales como el aborto.
Algunos opositores de Kavanaugh temían que apoyara los esfuerzos legales para anular o restringir aún más el derecho legal al aborto.
Thomas sugirió que los jueces que rechazaron las apelaciones pusieron la política por encima de la ley.
Louisiana y Kansas anunciaron planes respaldados por los republicanos para cancelar el financiamiento de Planned Parenthood a través de Medicaid luego de que un grupo anti aborto publicara videos en 2015 que pretendían mostrar a los ejecutivos de Planned Parenthood negociando la venta con fines de lucro de tejidos fetales y partes del cuerpo.
Planned Parenthood negó las acusaciones y llamó a los videos muy editados y engañosos.
Los afiliados de la organización en cada estado, así como varios pacientes, demandaron en un tribunal federal para mantener la financiación.
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