Santiago Peña destituido tras el colapso de Ueno Bank
Santiago Peña destituido por unanimidad. El Senado de Paraguay removió este viernes al presidente con 44 votos a favor y ninguno en contra, al cabo de la semana en que colapsó Ueno Bank.
Horas después de la votación, el exmandatario quedó bajo arresto domiciliario en Asunción. La secuencia completa —destitución, sucesión y arresto— se consumó en una sola jornada.
Peña se convierte así en el segundo jefe de Estado paraguayo removido mediante juicio político desde el fin de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989. El vicepresidente Pedro Alliana juró el mismo día como nuevo presidente.
En menos de 96 horas, el país pasó de una crisis de liquidez a la ruptura completa de su orden institucional. Ninguna destitución reciente en la región se consumó con esta velocidad.
La calle acompañó el proceso. Hubo protestas en las redes sociales y movilizaciones pacíficas en el centro de Asunción mientras el Congreso debatía el destino del mandatario.
Completará el mandato hasta agosto de 2028, según lo previsto tras el veredicto legislativo que recogió Los Angeles Times en su crónica de la jornada.
La caída formal se produjo en el Senado, convertido en tribunal. Los 44 senadores presentes votaron la destitución sin un solo voto en contra.
La unanimidad tiene su peso: el oficialismo colorado, el partido del propio Peña, no movió un dedo para salvarlo. Su antiguo mentor, Horacio Cartes, había alineado a las bancadas para llegar a ese desenlace.
Consumada la remoción, el Ministerio Público actuó en cuestión de horas. Cuatro fiscales firmaron la resolución fiscal número 7, que dispuso el arresto domiciliario del expresidente en la capital.
Los fiscales actuantes son Christian Benítez Cáceres, Elena Fiore Franco, Silvia Margarita González Vester y Ruth Benítez, de acuerdo con el detalle publicado por En Orsai.
Los cargos imputados a Peña son lesión de confianza, tráfico de influencias y uso del cargo público para beneficio personal. Los delitos más graves conllevan penas de hasta diez años de prisión.
El exgobernante fue citado a declarar ante el Ministerio Público este sábado a las 11:00. La misma resolución ordenó la detención del extitular del Banco Central, Carlos Carvallo, en dependencias de la Policía Nacional.
Con Santiago Peña destituido y sin inmunidad parlamentaria, la justicia paraguaya tiene por delante a un expresidente que deberá responder como un ciudadano más.
La crisis que lo arrastró comenzó antes del amanecer del martes, cuando el Banco Central del Paraguay intervino Ueno Bank y ordenó su resolución.
Los reguladores habían detectado que el índice de solvencia de la entidad cayó por debajo del 50 por ciento del mínimo exigido por la ley, tras los ajustes practicados a sus estados financieros.
De la noche a la mañana, más de 2,9 millones de clientes quedaron sin acceso a sus ahorros, a sus tarjetas ni a los retiros en efectivo. Paraguay tiene 6,1 millones de habitantes.
Más de un millón de paraguayos había abierto en Ueno Bank su primera cuenta bancaria, atraídos por los reembolsos en compras de supermercado que ofrecía la entidad.
No era un banco más del sistema: se presentaba como el primer banco digital del país y había convertido el teléfono móvil en la sucursal de millones de personas.
Esa masividad explica la magnitud política del daño. Cuando la entidad cayó, no cayó un negocio privado: cayó la cuenta de casi medio país.
El golpe se extendió más allá de los ahorristas. Una plataforma de transporte vinculada al banco cerró sus operaciones y dejó a 3.000 conductores sin empleo.
La empresa estatal de electricidad, ANDE, reportó que 21 millones de dólares provenientes de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo y de Taiwán quedaron atrapados en la entidad intervenida.
En los mercados, el guaraní se depreció frente al dólar y los bonos soberanos paraguayos registraron fuertes caídas en los mercados emergentes.
La devolución parcial de fondos comenzó el jueves para los depositantes con saldos de hasta 10 millones de guaraníes, unos 1.500 dólares. El fondo estatal de garantía cubre depósitos de hasta 35.000 dólares, el 97 por ciento de los usuarios.
En nuestro análisis de esta semana sobre el colapso de Ueno Bank y el juicio político en marcha ya se recogía la magnitud de una crisis que, en cuatro días, pasó de los balances a la cabeza del Estado.
El pliego acusatorio del Congreso sostiene que Peña utilizó su influencia política para direccionar más de 800 millones de dólares de recursos públicos hacia Ueno Bank.
Entre esas transferencias destacan 355 millones de dólares pertenecientes al fondo estatal de pensiones, depositados en la entidad por encima de los límites legales.
Los legisladores subrayaron además un dato personal: el mandatario mantuvo participación en el grupo holding de Ueno hasta que se desprendió formalmente de sus acciones en 2025, bajo presión pública.
Y una designación que hoy se lee como el origen del problema. En 2023, Peña nombró presidente del Banco Central a Carlos Carvallo, quien dirigía la financiera que se transformó en Ueno Bank.
El supervisor del banco, en otras palabras, salió de la propia casa supervisada. Esa frontera borrosa entre el Estado y el negocio es el corazón del expediente, como documenta el reporte de Associated Press sobre el juicio político.
El jueves, acorralado, Peña presentó su renuncia a la presidencia. No buscaba solo salir del cargo: la dimisión le habría permitido conservar los fueros de senador vitalicio.
El Congreso, sin embargo, leyó la maniobra y la descartó. Las bancadas alineadas por Cartes rechazaron la renuncia este viernes y ejecutaron la destitución, que le retira esa inmunidad.
El desenlace tiene una ironía política difícil de exagerar. El hombre que sostuvo a Peña en el poder fue quien organizó su caída cuando el costo de defenderlo se volvió insostenible.
Santiago Peña destituido por su propio partido: ese es, en síntesis, el dato político que deja la semana, más allá del expediente bancario que la detonó.
Mientras el Senado votaba, la fiscalía avanzaba sobre la entidad. En un expediente paralelo, imputó a 27 directivos y asociados de Ueno Bank por lesión de confianza e intento de fraude.
Un juez dictó prisión preventiva en el penal de Tacumbú para seis exdirectores de la entidad.
Entre ellos está el fundador del banco, Miguel Vázquez, a quien las autoridades incautaron vehículos de lujo, un yate y dos avionetas.
Los cargos, en todos los casos, revisten por ahora carácter presunto. Deberán probarse en los procesos correspondientes, tanto en la causa del banco como en la que enfrenta al expresidente.
Paraguay estrena gobierno con Alliana al frente hasta 2028 y con dos frentes abiertos: la reconstrucción de la confianza en su sistema financiero y la causa judicial contra su antecesor.
Para los ahorristas, la pregunta práctica sigue siendo la devolución completa de los fondos que exceden la cobertura del fondo de garantía. Para el sistema, la pregunta es más profunda.
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