Miles de colombianos marcharon el domingo para expresar su indignación por la violencia luego de que un coche bomba mató a 20 cadetes de policía y docenas de heridos el jueves.
El ataque ocurrió cuando un Nissan Patrol SUV gris que llevaba 176 libras de pentolita atravesó los puestos de control en los terrenos de la Escuela General Santander en la capital.
El grupo rebelde del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha sido culpado por el ataque terrorista más letal en 16 años.
El presidente Iván Duque solicitó a La Habana la extradición de 10 comandantes rebeldes en Cuba para las conversaciones de paz.
El bombardeo ha aumentado los temores de que se haya lanzado una nueva ola de ataques en la nación andina como reacción a la postura del presidente de derecha.
Duque, quien asumió el cargo en agosto, se comprometió durante su campaña electoral a endurecer la lucha contra el grupo y las pandillas del crimen de narcotráfico que matan y secuestran a civiles.
El ELN, formado por sacerdotes católicos radicales en 1964, no se atribuyó la responsabilidad ni emitió una declaración pública, pero la demanda de Duque de arrestar a sus negociadores de paz hace casi imposible que se reanuden las conversaciones.
Cuba ha eludido la solicitud de Duque y ha dicho que cumplirá con las reglas establecidas antes del inicio de las conversaciones.
Los protocolos de negociación ofrecen garantías de seguridad para que los líderes de la guerrilla regresen a Colombia y se protejan de los ataques militares durante un período acordado.
Compuesto por unos 2,000 combatientes y considerado una organización terrorista por los Estados Unidos y la Unión Europea, el ELN inició conversaciones de paz con el gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos a principios de 2017, pero fueron suspendidos por Duque hasta que el grupo libere a sus rehenes y se detengan los ataques.
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