400 huellas dactilares para procesar a Myanmar por atrocidades

En una solicitud presentada ante la Corte Penal Internacional el miércoles, los abogados incluyeron un anexo inusual: 20 páginas de huellas dactilares moradas.

Estos son el equivalente de las firmas de 400 mujeres y niñas Rohingya, la mayoría de ellas analfabetas refugiadas que fueron expulsadas de Myanmar el año pasado después de que miles de musulmanes Rohingya fueron masacrados.

La solicitud insta a la Corte Penal Internacional en La Haya a abrir una investigación criminal sobre continuas atrocidades, incluido el genocidio, contra los rohingya, el último giro en una disputa sobre si el tribunal internacional tiene la autoridad para intervenir en lo que las Naciones Unidas y los Estados Unidos han llamado un claro caso de limpieza étnica.

Hasta el momento, los ataques se han llevado a cabo con impunidad, y muchos testigos han dicho que fueron soldados del gobierno de Myanmar, uniformados, quienes violaron y asesinaron a civiles.

Los grupos de derechos humanos dicen que la falta de rendición de cuentas es particularmente discordante, argumentando que los ataques contra los Rohingya involucran exactamente el tipo de atrocidades masivas para las que se creó este tribunal. Su mandato es juzgar los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio.

Un obstáculo obvio es que Myanmar, donde se cometió la violencia, no es signatario de la corte. Eso significa que el tribunal no puede abordar los crímenes cometidos en Myanmar, por ciudadanos de Myanmar, a menos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo autorice, lo que la mayoría de los observadores consideran improbable.

Y Myanmar ha mostrado poco interés en castigar a los responsables o perseguir la evidencia, que ha sido documentada por grupos de derechos humanos y periodistas y corroborada por imágenes satelitales.

Así que los fiscales y los abogados de derechos humanos están intentando un enfoque novedoso: argumentan que, dado que cientos de miles de rohingya han sido deportados a Bangladesh, un miembro del tribunal, el fiscal puede tener jurisdicción para actuar. Bangladesh no es sospechoso de crímenes, pero proporcionaría la ruta a la jurisdicción.

La solicitud presentada el miércoles por el grupo Shanti Mohila, o Mujeres de la Paz, va más allá: sus abogados dicen que mientras Myanmar rechace el regreso de los Rohingya y los obligue a vivir en condiciones terribles, sus «crímenes de apartheid, persecución y genocidio» continúan «incluso fuera de su territorio. Si el tribunal acepta la solicitud, marcaría un cambio radical en el derecho internacional.

Los Rohingya, una minoría étnica musulmana vilipendiada por la mayoría budista de Myanmar, han sido perseguidos durante décadas. En agosto, después de que los rebeldes rohingya atacaron varios puestos de la policía, los testigos dijeron que los soldados del gobierno de Myanmar irrumpieron en las aldeas y quemaron todo a la vista.

Muchos testigos dijeron que los soldados acorralaron a civiles y sistemáticamente los masacraron, a veces en grupos de varios cientos. Innumerables mujeres y niñas fueron brutalizadas y violadas.

Myanmar y Bangladesh acordaron en noviembre comenzar la repatriación de los rohingya, pero los refugiados expresaron su preocupación de que se verían obligados a regresar y enfrentarían condiciones inseguras en Myanmar si el proceso no fuera monitoreado por grupos de ayuda internacional.

El gobierno de Myanmar anunció el jueves que llegó a un acuerdo con las Naciones Unidas que sería un primer paso hacia el posible regreso de los musulmanes Rohingya al país.

Grupos de derechos humanos dijeron que la corte internacional podría ser la única esperanza de  justicia para los Rohingya, incluidos los 400 que presionaron sus pulgares entintados a los documentos legales.